EL FIN DE LAS PENSIONES DE LUJO

EL FIN DE LAS PENSIONES DE LUJO
(siempre han sido inconstitucionales)

Lo que a la Sala IV no le ha dado la gana resolver, pues en su descarado interés particular, se beneficia de esa ilegalidad. Simplemente son unos cínicos, que deberían ser removidos y enjuiciados por incumplimiento de deberes y de enriquecimiento ilícito, entre otros.

La Constitución Política, en 1949, estableció un único régimen de pensiones para todos los costarricenses. El único que existía previo a esa fecha era el del Poder Judicial, el cual debió ser derogado de inmediato, pero no sucedió, y se mantuvo hasta la fecha, de manera completamente ilegal.

El colmo del descaro, y no obstante la prohibición tácita de que solo podía existir un solo régimen de pensiones, fue que los diputados en diferentes legislaturas aprobaron nuevos regímenes de pensiones, lleno de abusos, algunos de los cuales eran para su beneficio directo, o para pagar favores clientelistas.

Claramente todos esos regímenes creados después de 1949 son inconstitucionales y por tanto ilegales, que bajo ningún criterio jurídico puede plantearse que esa ilegalidad genera “derechos adquiridos”, lo cual es simplemente un eufemismo para referirse al “derecho” de esos mantenidos para meter sus manos en nuestros bolsillos.

Para aprobarle la reelección a Oscar Arias, se planteó un error de procedimiento en la creación de la ley que prohibía expresamente la reelección, y que sucedió previo a 1970. La Sala IV, después de que el expresidente Arias expresara que lo habían traicionado en una primera resolución, no tuvieron reparo de darle la razón y derogaron esa prohibición de la reelección presidencial.

Esto quiere decir, que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, y que todo procedimiento empleado para aprobar esos nuevos regímenes de pensiones, estaba contaminado de vicios de inconstitucionalidad , por lo cual, así como se derogó la prohibición de la reelección, deben derogarse todas las leyes que crearon esos regímenes ilegales e inconstitucionales de pensiones, sin ningún derecho para los beneficiados de este monumental saqueo.

Cualquier discusión de constitucionalidad debe circunscribirse a la creación de esas leyes espurias, y no como han hecho, hasta ahora, para desviar la discusión, para provecho de los pensionados de lujo, que representan el mayor robo de nuestra historia.

Los dineros pagados de más deben ser recuperados. Hay casos de políticos con más de 30 años recibiendo una pensión de lujo, ilegal e injusta, y como si fuera poco, algunos la heredan a familiares, e inclusive se casan poco antes de fallecer, para beneficio de sus amantes, todo a costillas nuestras.

Ni los diputados ni los juristas deberían desgastarse en discusiones estériles, que tienen como propósito distraernos. Derogar esas pensiones es sencillo, solo basta hacer cumplir la Constitución y tener agallas para hacerlo.

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