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Y HABLANDO DE EVASION FISCAL…tema que hoy vemos como la coalicion PLN/ FA DEFIENDEN a capa y espada los intereses de un banquero cuestionado , el financista de sus campañas , porque es mas importante investigar 300,000 colones que ONCE MIL MILLONES DE COLONES DE UNA POSIBLE EVASION FISCAL , ojala asi defendieran los intereses de los que les dieron el voto y les pagan sus salarios , el pueblo ….
Televisora de Costa Rica, conocida popularmente como Teletica Canal 7 aceptó haber defraudado a la Hacienda Pública y pagó 3724 millones de colones en impuestos, multas e intereses.
Así consta en un campo pagado por la televisora en un diario de circulación nacional este viernes.
De esta forma, Teletica puso fin al proceso judicial que le abrió en el año 2008 el Ministerio Público, tras determinar que hubo defraudación fiscal por parte de la empresa durante los periodos fiscales de los años 2004 y 2005, por al menos 400 millones de colones.
La denuncia se interpuso tras una investigación que hizo la Administración Tributaria de Grandes Contribuyentes del Ministerio de Hacienda, donde se encontraron las irregularidades.
Si bien la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios había solicitado una desestimación de la causa, el Ministerio Público acogió una solicitud de la Dirección General de Tributación, en el año 2013, para que la causa se revisara.
La investigación de Hacienda había arrojado que Televisora de Costa Rica, representada por Olga Cozza de Picado, había simulado la venta de sus activos intangibles a la empresa Television and Broadcasting Brand Managment S.A., cuya accionista mayoritaria era la propia Cozza de Picado, con el fin de disminuir los pagos de impuesto sobre la renta de las sociedades.
De acuerdo con el anuncio pagado en la prensa, Teletica depositó a Tributación la suma total de 3.724.419.539 colones, correspondientes a la reparación integral del daño, lo cual incluye los impuestos dejados de pagar al fisco, intereses y multas.
Teletica es la segunda empresa de medios que llega a una conciliación por delitos tributarios. La primera fue La Nación, a quien Hacienda le detectó una simulación en la venta de dos rotativas con el fin de evadir impuestos. Por ello, la empresa tuvo que pagar 2277 millones de colones.
El caso seguido contra Teletica tuvo un hecho polémico que involucró al procurador penal del caso, Juan José Soto Cervantes.
Soto Cervantes fue separado del proceso luego de que el Ministerio de Hacienda presentara una denuncia en su contra por supuesta parcialidad.
El procurador había acordado con la parte demandada posponer una audiencia preliminar, sin consultárselo a Hacienda, además de que la solicitud se hizo en un papel membreteado del bufete que defendía a Televisora de Costa Rica, algo calificado como «poco normal e infrecuente».
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Escándalos fiscales salpican a La Nación
Cuatro investigaciones a nivel nacional e internacional
Un nuevo escándalo fiscal salpica a La Nación, por medio de uno sus máximos jerarcas, en esta ocasión el vicepresidente Fernán Vargas, a quien la Policía de Control Fiscal (PCF) le allanó su bufete en Escazú.
Pero este no es el primer caso en el cual involucran de alguna manera a los “mandamás” de esa corporación en investigaciones relacionadas a evasión de impuestos.
La persona que figura actualmente como vicepresidente del Grupo Nación, Fernán Vargas Rohrmoser, aceptó haber evadido el pago de impuestos al Estado.
El empresario acordó desembolsar ¢512 millones a Tributación, incluyendo intereses y multas, a cambio de no ir a juicio. Esto ocurrió el 23 de noviembre anterior.
La información fue confirmada por la Procuraduría General de la República y la Fiscalía..
“La Procuraduría General de la República solicitó el criterio de las autoridades tributarias en torno a aplicar una medida alterna al proceso penal seguido contra el señor Fernán Vargas Rohrmoser por incumplimiento en el pago del impuesto sobre remesas al exterior, vinculado a dos sociedades anónimas.
En respuesta al oficio N. ADP-989-2016 de 20 de junio, la Directora General de Tributación a.i. manifestó su anuencia a una reparación integral del daño sujeta a la cancelación del monto total de los impuestos que la sociedad anónima dejó de pagar al Fisco”, señaló el abogado del Estado.
La conciliación es un instrumento facultado en la Ley y al haberse alcanzado un acuerdo en la audiencia temprana no fue necesario elevar el caso a juicio.
Para que este proceda, el involucrado debe aceptar la responsabilidad por el no pago de sus obligaciones fiscales.
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ROTATIVAS
Se remonta al 2004, cuando la Dirección de Tributación del Ministerio de Hacienda abrió una investigación por un presunto fraude al fisco.
Según la investigación, La Nación S.A., representada por Manuel Francisco Jiménez Echeverría, habría simulado la venta de dos rotativas viejas ya depreciadas a Capital Leasing Corporation, sociedad constituida por su primo hermano Carlos González Jiménez, por un monto de más de $2 millones.
Tras más de 10 años en el ojo del huracán por el presunto delito, el año pasado el mismo consorcio periodístico anunció que la compañía llegó a un acuerdo con Hacienda para pagar más de ¢2.000 millones y un segundo depósito por más de ¢1.300 millones, pese a que el gobierno anterior cerró las posibilidades a negociar con grandes evasores.
The PANAMA PAPERS
Hace menos de dos semanas, el Semanario Universidad habló de la presunta relación de Fernán Vargas, vicepresidente de La Nación, en los famosos documentos de Panamá, escándalo mundial relacionado a la firma de abogados Mossack Fonseca.
Según el medio, la corporación tica Aldesa “pidió a Mossack Fonseca en 2007 crear un fondo con domicilio panameño que pudiera emitir deuda pero solo para inversionistas ticos. Un año después, una reforma en el reglamento en Costa Rica los hizo disolver el proyecto y trasladarlo a casa”.
Por un año, casi 150 inversionistas costarricenses mantuvieron unos 8 millones de dólares colocados en una empresa domiciliada en Panamá que el bufete Mossack Fonseca creó en 2007.
Entre los inversionistas se menciona a Manuel Francisco Jiménez Echeverría, presidente ejecutivo de Grupo Nación, con una inversión total de $1 millón y Fernán Vargas Rohrmoser, vicepresidente de Grupo Nación, como representante de Orax S.A., con $100.000.
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Caso La Nación quedaría impune.
El gobierno aceptó que uno de los casos que evitarían el juicio es el del Grupo Nación, acusado de presunta defraudación fiscal.
Al parecer el buen corazón del presidente Luis Guillermo Solís o su afán por que las cosas se resuelvan más rápidamente podría salvarles el pellejo a los grandes evasores de este país, entre los que se encuentra el Grupo Nación, ya que no sería necesario resolver el tema de sus deudas con el Estado en tribunales.
Lo anterior luego de que el jueves pasado el Poder Ejecutivo decidiera derogar el decreto que impedía a Hacienda conciliar con los grandes evasores.
El presidente Solís, con el respaldo de Helio Fallas, vicepresidente y ministro de Hacienda, derogó la directriz , que hacía referencia a este tema.
“Deberá la Procuraduría General de la República procurar que la mayoría de ilícitos denunciados sean llevados a la etapa de juicio, por cuanto resulta de relevancia en la política de control de la evasión fiscal, que no solo se dé el pago de la deuda, sino que además se cumpla el propósito del legislador de imponer penas privativas de libertad a quienes incurran en estas conductas reprochables”, rezaba la Directriz 30-P, que publicó Chinchilla en abril del 2012.
SE SALVARÍA LA NACIÓN
Helio Fallas aceptó que esta decisión abre el paso a negociaciones de deudas en casos polémicos como el del Grupo Nación, que fue elevado al Ministerio Público en el 2004, tras la denuncia del Ministerio de Hacienda por el presunto de delito de defraudación fiscal, en el que habría simulado la venta de dos rotativas.
“Un caso como el de La Nación sí podría conciliar, pero lo que sí quiero decir es que esto no tiene que ver nada con ellos, ni con ningún grupo, sino fue un análisis que más bien hicimos, vimos los pros y los contras, y desde hace unas semanas se decidió tomar la decisión”, añadió.
El grupo de comunicación le adeudaría al Estado un monto que a marzo del 2012 se cifraba en ¢1.918.300.797,43.
El medio de comunicación intentó conciliar y con base en esa directriz presidencial se le negó la opción de negociar. Según trascendió, pretendía pagar solo un porcentaje.
Fabrizzio Chavarría, abogado del Ministerio de Hacienda, afirmó que ilegalmente se le estuvo frenando a la Procuraduría conciliar en estos casos.
“Aunque estuviera la directriz pasada vigente, siempre la Procuraduría tuvo la posibilidad de conciliar o no. La directriz es ilegal en el entendido que hay una potestad que tiene la Procuraduría que le da la ley, que mediante directriz, que es una norma inferior, se le trató de limitar. Nunca debió haber existido”, explicó.
ILEGAL
Esta directriz fue derogada, y según el Vicepresidente de la República se espera que el nuevo mandato entre en vigencia esta semana, cuando se publique en La Gaceta.
En criterio del gobierno esa medida es ilegal, por tanto la expresidenta Chinchilla sobrepasó sus potestades.
“El gobierno pasado efectivamente sacó una directriz de no conciliar, pero desde el punto de vista jurídico está incorrecto porque en realidad es la Procuraduría la que debe conciliar, el que toma la decisión (…)
Yo lo que prefiero es que se abra la posibilidad de conciliar porque la experiencia es que si se va por juicios vamos a durar mucho tiempo y no estamos recibiendo la plata en forma rápida”, indicó.
Además resaltó que “muchos de los juicios se han caído, pero para ello estaríamos proponiendo una capacitación a los jueces fiscales para que ellos entiendan mejor ese tema fiscal y puedan fallar más apropiadamente”.
QAnon Costa Rica 