Poder Judicial acordó presupuesto de ₡521.023 millones con Hacienda, pero deja necesidades claves sin sustento

Poder Judicial acordó presupuesto de ₡521.023 millones con Hacienda, pero deja necesidades claves sin sustento

Plan de seguridad en edificios recibirá una fracción de lo requerido y del todo no hay financiamiento para incorporar más de 1.500 plazas entre otras cosas para implementar la jurisdicción especializada en pueblos indígenas.

El próximo 1 de octubre la jerarquía del Poder Judicial se presentará ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para defender un presupuesto para 2025 que alcanza más de ₡521 mil millones, ya consensuado con el Ministerio de Hacienda, pero que dejará sin financiamiento una serie de rubros importantes, como la jurisdicción especializada en pueblos indígenas.

Ello implica que la institución quedará a la espera de ver si en próximos años puede atender el importante faltante de 1.588 plazas, lo cual además se suma a que los fondos para atender la apremiante situación de seguridad en los edificios del Poder Judicial serán una fracción de lo requerido. Cabe recordar que en enero un sujeto fue asesinado justo a la entrada de los tribunales de Limón y que en marzo se dio un asalto en la oficina de la Defensa Pública en Bataan, Matina.

Según explicó Erick Mora, subdirector de Planificación del Poder Judicial, el trabajo de una comisión que entre otras personas integró al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Rándall Zúñiga, determinó que el presupuesto requerido para reforzar todos los pendientes de seguridad en los inmuebles del Poder Judicial es de ₡17.505 millones, pero el año entrante sólo será posible desarrollar una “primera etapa”, pues se asignó ₡2.400 millones.

Negociación

De acuerdo con ese funcionario, inicialmente el Ministerio de Hacienda indicó que autorizaría un gasto por ₡506.075 millones, pero de ello debían descontarse ₡1.500 millones “para atender una necesidad de infraestructura del OIJ” y ₡325,9 millones para los planos de la construcción del complejo de Medicina Legal que Medicatura Forense debe construir en Buenos Aires de Puntarenas.

A ello se le sumaron fondos provenientes de leyes con destinos específicos, por lo que en términos reales se tenía un faltante en gastos de capital de unos ₡10 mil millones. Los gastos de capital son “las erogaciones no recuperables para la adquisición o producción de bienes duraderos, destinados a un uso intensivo en el proceso de producción durante un largo período de tiempo. Estos gastos implican aumentos en los activos, mejoras en los ya existentes y la prolongación de su vida útil”, según el propio Ministerio de Hacienda.

“Esto nos obligó a concertar una cita con el señor Ministro”, Nogui Acosta, en la cual “se logró un entendimiento”, que implicó un aporte adicional de ₡12.500 millones que incluyeron, eso sí, el “interés particular” del Poder Ejecutivo en la implementación de las reformas procesales de Familia, a partir del mes de octubre, y Agraria a partir de febrero. Esos rubros ascendieron a unos ₡5.000 millones.

A fin de cuentas, las negociaciones con Hacienda permitieron que el gasto de capital para 2025 pasara de ₡21.381 millones a ₡30.177 millones; así como un aumento en el gasto corriente de unos ₡6 mil millones, con lo que se alcanzó la suma de ₡521.023.200.000.

Mora reconoció que a primera vista ello implica un aumento de un 3,29%, pero observó que entre ₡15 mil millones a ₡16 mil millones en realidad no cuentan como recursos adicionales para el funcionamiento de la institución, sino que “los absorben”, las ya mencionadas reformas procesales Agraria y de Familia, el edificio del OIJ y el de Medicatura Forense en Buenos Aires, además de los destinos específicos por ley.

Entonces “ese incremento lo absorben cuestiones muy específicas prácticamente, en realidad para el resto del funcionamiento ordinario de la institución no hay crecimiento”.

Más de 1.500 plazas faltantes

Entre los requerimientos no incluidos en el presupuesto, Mora apuntó ₡591 millones para cumplir con las obligaciones de la Ley de Bienestar Animal; ₡1.422 millones par la Ley de Justicia Restaurativa y ₡577 para la Ley de Contratación Pública.

De no menor gravedad es la falta de las ya mencionadas 1.588 plazas que se requieren en diferentes rubros.

Muchas son las necesidades que quedan pendientes de cubrir en el presupuesto 2025 del Poder Judicial (Fuete: Erick Mora)

Detalló que se trata de 87 plazas de custodia de Personas Detenidas para diferentes oficinas del OIJ a nivel nacional, con un costo estimado de en ₡2.113 millones, los llamados tribunales peninsulares en Puerto Jiménez, para garantizar el acceso a la justicia en esa zona del país, que requiere 16 plazas, a un costo estimado en ¢734.830.355.

De importancia es que tampoco se destina recursos a la creación de la Jurisdicción Especializada para Pueblos Indígenas, que tal como destacó Mora se trata de un compromiso internacional. En este caso se requiere de 139 plazas, a un costo estimado en ₡5.231.243.955.